Puerto Rico saca “F” en sus leyes de expropiación

Un nuevo informe categoriza las leyes de Puerto Rico como las peores en los E.E.U.U.

Arlington, Va.– Las leyes de expropiación forzosa de Puerto Rico recibieron una calificación de F en un reporte publicado hoy por el Institute for Justice, una organización sin fines de lucro y firma legal de libertades civiles dedicada a erradicar la expropiación (o el “dominio eminente” como se conoce en los Estados Unidos) de manera abusiva. El reporte examina las prácticas de expropiación de Puerto Rico, particularmente casos donde el gobierno confisca la propiedad privada no para usos públicos tradicionales sino para desarrollo privado. El documento detalla las deficiencias en las leyes que otorgan a los municipios una gran autoridad para apoderarse de la propiedad privada por prácticamente cualquier razón que consideren apropiada. El reporte hace recomendaciones a la Asamblea Legislativa para la reforma y para garantizar que los propietarios y las comunidades de la isla estén a salvo de apropiaciones ilegítimas de tierras, en el contexto de las tendencias generalizadas en Estados Unidos para reducir el abuso de expropiación forzosa.

[ Descargue el reporte aquí.]

Históricamente, la expropiación forzosa era utilizado para fines públicos, tales como carreteras y escuelas. A través del tiempo la definición de público se expandió para incluir propósitos que sirviesen para beneficio público; mayormente ingresos fiscales y empleos. Esto condujo a potenciar el abuso de la expropiación forzosa a nivel estatal, donde los municipios utilizaron propiedades en perfectas condiciones y comercios con dueños propios para simplemente transferirlos a desarrolladores millonarios. Esto se agravó en el 2005 cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tomó la decisión en el caso Kelo v. City of New London, lo cual fue litigado por el Institute for Justice. El tribunal decidió que el gobierno puede adquirir propiedad privada basada en la promesa de incrementar los ingresos fiscales y empleos como condición. Sin embargo, y luego de esa decisión, 44 estados reformaron sus leyes de expropiación forzosa, lo que hace que al presente el abuso de expropiación forzosa sea casi inexistente en Estados Unidos. Mientras tanto, Puerto Rico ha seguido utilizando habitualmente la expropiación forzosa para el desarrollo privado.

“Las leyes de expropiación forzosa en Puerto Rico son unas de las peores en los Estados Unidos” indicó Robert McNamara, el abogado principal del IJ y experto legal en casos de la expropiación forzosa. “La expropiación pudiera ser y ha sido utilizada por cualquier interés por parte del gobierno y los municipios, tales como centros comerciales, viviendas lujosas y restaurantes. Esa no es la intención de la Constitución. Nadie en la isla debe perder su residencia o negocio, o ver destruir su comunidad simplemente para que el gobierno pase la propiedad a manos de otra entidad privada.”

“Estamos particularmente interesados en los municipios de Puerto Rico, ya que están predispuestos al abuso de poder de la expropiación forzosa en el desarrollo privado, y también porque ven la entrada de miles de millones en desarrollo comunitario a nivel federal a través de subsidios. Estas propuestas dan luz verde a proyectos que no eran políticamente viables y que amenazan las comunidades,” indicó Brooke Fallon, Directora Auxiliar de Activismo en el Institute for Justice. “Especialmente en este momento de intensa recuperación, el gobierno de Puerto Rico debe respetar los derechos de sus constituyentes en proteger lo que tienen y por lo que han trabajado tan duro para adquirir. Esos derechos representan la columna vertebral de la prosperidad de la isla”.

Una delegación del Institute for Justice visitó a Puerto Rico y conoció de primera mano víctimas de expropiación forzosa en comunidades que han luchado en los últimos años por la reforma de las leyes. Copia del reporte fue enviado a cada legislador a principios de la semana.

El Institute for Justice representa a dueños de propiedades en el tribunal en sus reclamos legales contra la expropiación por el desarrollo privado. El activismo del IJ ha ayudado salvar alrededor de 20,000 viviendas y pequeños negocios del abuso de la expropiación forzosa a través de organizaciones comunitarias, siendo instrumental en los esfuerzos de reforma después de Kelo. A raíz de la decisión de Kelo, IJ publicó un “Informe de 50 estados” que calificó los esfuerzos de reforma de los estados. Puede acceder a la información en esta dirección; http://castlecoalition.org/50-state-report-card.

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