San Juan, Puerto Rico—El viernes pasado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expidió un auto urgente y anunció que el Tribunal determinará la constitucionalidad del Programa de Libre Selección de Escuelas en Puerto Rico. El programa, aprobado en marzo, otorga becas a familias necesitadas para enviar a sus hijos a la escuela privada o pública de su preferencia. El 6 de julio de 2018, la jueza del Tribunal Superior en San Juan había dictaminado que el Programa era inconstitucional.
En abril, el Programa fue impugnado en el Tribunal de Primera Instancia por la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Tres familias, cuyos hijos serían elegibles para recibir becas bajo el Programa, están ayudando al Estado Libre Asociado de Puerto Rico para defender el Programa.
“Este programa proveería una herramienta muy importante para nosotros los padres: el poder de elegir una escuela que satisfaga las necesidades de nuestros hijos,” dijo Jessica Ñeco, madre de una de las familias que defiende el Programa en los tribunales. Jessica Ñeco quiere solicitar una beca para su hija. “En crear este programa, el gobierno estaría diciendo a nuestros niños, ‘Yo creo en ti, yo confío en ti, puedes soñar … estamos contigo.’”
Las partes tienen hasta el viernes para presentar sus escritos, según términos acortados. Si los tribunales permiten que el Programa se adelante, las familias solicitarán becas para el año educativo 2019-2020. Los estudiantes que han sido matriculados en una escuela pública durante al menos dos años serán elegibles, y el programa tiene un límite de aproximadamente 9,600 estudiantes en el primer año. El programa da preferencia a los estudiantes que son de bajos ingresos, discapacitados, dotados, adoptados o en hogares de crianza, víctimas de la intimidación o de acoso sexual, o rezagados en su educación.
Según el sindicato de la Asociación de Maestros, el Programa violenta el Artículo II, sección 5, de la Constitución de Puerto Rico, el cual prohíbe que los fondos públicos se utilicen “para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado.” La sentencia expedida por el Tribunal de Primera Instancia estuvo de acuerdo con el sindicato. Sin embargo, el Tribunal dictaminó también que las tres familias podrían ser partes en el caso para ayudar al Estado en la defensa de la constitucionalidad del Programa.
Las familias alegan que el Programa es constitucional porque existe para el “sostenimiento” de las familias necesitadas, no para sostener las escuelas, y que cualquier beneficio que reciben las escuelas privadas bajo el Programa es meramente incidental. El Tribunal Supremo Federal y varios tribunales estatales ya han confirmado programas parecidos de libre selección de escuelas.
Actualmente, existen 32 programas parecidos en todas partes de los Estados Unidos. Cada programa permite a los padres enviar a sus hijos a una escuela privada con una beca otorgada por el gobierno. “Programas parecidos existen a través de toda la nación americana, y ¿por qué nosotros tenemos que quedarnos afuera?” preguntó Jessica Ñeco.
Las tres familias están representadas por la organización sin fines de lucro, el Institute for Justice (IJ), y también por el abogado Salvador Antonetti, Ex Procurador General de Puerto Rico.
“Estas familias están luchando para enviar a sus hijos a la escuela que mejor sirva a sus necesidades individuales,” dijo Sra. Erica Smith, abogada de IJ. “Una buena educación no debería depender de dónde vive un niño o cuánto dinero ganan sus padres.”
IJ es una organización nacional sin fines de lucro que tiene pericia para defender la constitucionalidad de los programas de libre selección de escuelas. IJ ha representado a padres e hijos en más de 20 casos parecidos a través de los Estados Unidos, incluso dos veces en el Tribunal Supremo Federal.