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Mujer de Miami apela a la Corte Suprema para recuperar cada dólar confiscado injustificadamente por agentes federales

Miladis Salgado luchó con éxito para recuperar el dinero de la quinceañera de su hija, pero ahora el gobierno se niega a pagar los honorarios de su abogado

MIAMI—El 11 de mayo de 2015, Miladis Salgado regresó a su casa y descubrió que su vida tuvo un giro inesperado. Mientras ella estaba trabajando, la policía ingresó a su casa y confiscó sus ahorros de toda la vida—$15.000 en efectivo que ella estaba ahorrando para la quinceañera de su hija—a partir de información de que su expareja estaba traficando drogas. A pesar de que la acusación no tenía fundamento, la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) intentó retener el dinero de Miladis indefinidamente.

Con éxito, Miladis luchó contra la DEA en la corte federal para recuperar su dinero, pero le tomó dos años y fue mucho después de la quinceañera de su hija. El gobierno se rindió en el último minuto, evitando así pagar los honorarios de los abogados de Miladis. Debido a la forma como la corte federal cerró su caso, Miladis podría perder un tercio de su dinero pagando los honorarios de sus abogados. Ahora, ella se ha asociado con el Instituto para la Justicia (Institute for Justice, o IJ), un bufete de abogados pro bono, para presentar su petición de honorarios de abogados a la Corte Suprema del país.

“El gobierno no puede tomar tu propiedad, retenerla por años, devolverla de repente, y pretender que no pasó nada,” dijo Justin Pearson, abogado de IJ. “Apoderarse de la propiedad de una persona y obligándolos a contratar a un abogado durante dos años para recuperarla tiene costos reales. Lo que le sucedió a Miladis es injusto y ella merece que le devuelvan cada dólar.”

Por ley del Congreso, personas luchando contra el decomiso civil—el proceso legal utilizado por el gobierno para confiscar el dinero de Miladis—quienes “substancialmente prevalecen” en su caso legal, deben de tener sus honorarios de abogados pagados por el gobierno. La ley intentaba desincentivar a que el gobierno iniciara acciones legales arbitrarias, pero los fiscales federales han manipulado el sistema.

Cuando fiscales federales se dan cuenta que pueden perder su caso legal, a menudo prolongan el caso con la esperanza de forzar un acuerdo que les permita mantener parte del dinero del propietario inocente. Pero si los propietarios inocentes no ceden, los fiscales federales devuelven voluntariamente la propiedad antes de que el tribunal decida el caso. De esta manera, privan al propietario de una “victoria” y posteriormente argumentan que sin una “victoria” el requisito legal de pagar honorarios de abogados no se aplica.

Miladis eligió luchar por sus derechos, pero la mayoría de las víctimas del decomiso civil ilegítimo no pueden pasar años en la corte luchando para recuperar su propiedad. De hecho, según un reporte de IJ, Vigilancia con fines de lucro (Policing for Profit), 88% de casos de decomiso civil nunca llegan a un juez. En muchos casos, el costo de contratar a un abogado para impugnar la confiscación en la corte es más que el valor de la propiedad y por lo tanto la única opción es rendirse a las demandas del acuerdo del fiscal y retirarse de la lucha.

IJ no es ajeno a la estrategia del gobierno para negar a las víctimas su día en la corte y negarse a pagar los honorarios de abogados. Durante la última década, IJ ha desafiado las confiscaciones civiles ilegítimas en todo el país. En casi cada caso, cuando IJ se involucró, el gobierno federal rápidamente capituló y devolvió la propiedad a los clientes de IJ, mientras que al mismo tiempo intentaba evitar pagar los honorarios de abogados.

Tampoco es la primera vez que IJ discute sobre el decomiso civil en la Corte Suprema del país. En febrero, IJ aseguró una decisión unánime de que la prohibición de imponer multas excesivas bajo la Octava Enmienda en la Constitución limitó la capacidad del gobierno a usar el decomiso civil para confiscar el automóvil del cliente de IJ después de que se declaró culpable de un delito menor de drogas.

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